Aunque el lema del gobierno actual es «Primero los pobres», Liconsa deja a casi medio millón de mexicanos fuera del reparto de leche

Al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 miIllones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios.

Liconsa dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial.

Todo esto ocurrió en 2019, el primer año del actual gobierno federal, cuyo lema ha sido “Primero los pobres”.

Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de la propia Liconsa revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 miIllones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto. Es decir, se dejó sin leche a más de 478 mil mexicanos.

La cobertura alcanzada en 2019 fue, además, la más baja en una década. En 2010 el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios y en 2013 llegó a un récord de 6 millones 490 mil, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Los directivos de Liconsa  habían fijado como meta suministrar en 2019 leche a precio subsidiado a 3 millones 829 mil mujeres pero sólo se atendió a 3 millones 466 mil, con lo que se dejó fuera a 363 mil, según cifras de la auditoría interna efectuada a la Dirección de Operaciones de Liconsa, de la que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia.

La revisión refiere que tan sólo en 12 centros de distribución del país se recortó del padrón a 983 mil personas que antes recibían leche y, en contraste, se dio de alta a otras 756 mil.

Esto significó la pérdida -tan sólo en esos 12 estados- de 227 mil beneficiarios del padrón de cobertura.

La baja de beneficiarios es un procedimiento para depurar y actualizar el padrón, con lo que reducen el riesgo de  malas prácticas o irregularidades. Pero la política de Liconsa es que las bajas se deben compensar con la alta de otras familias en pobreza.

El 20 de marzo de 2020, la titular del órgano interno de control de Liconsa, Blanca Leticia Ocampo, envió un oficio al director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez, en el que le reportó las inconsistencias detectadas en los reportes del uso de las tarjetas de beneficiarios y en los indicadores del programa de abasto de leche subsidiada.

Posteriormente, en un oficio enviado el 8 de junio de 2020 al mismo órgano interno, la Subdirectora del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, Olivia García, aseguró que se habían aplicado medidas para corregir las fallas detectadas por la auditoría y cumplir con la meta de cobertura. Como parte de esas acciones se programaron visitas de supervisión a cada centro de Liconsa, pero éstas tuvieron que ser suspendidas por la pandemia del COVID-19.

Tras los hallazgos de la auditoría por irregularidades en el abasto trascendió la renuncia al cargo de director de Finanzas, René Gavira, responsable de asignar presupuesto para la adquisición y el reparto de la leche.

Suben precio a los más pobres

Además de atender a menos personas, el Consejo de Administración de Liconsa decidió a mediados de 2019 incrementar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país.

El precio del litro a esos municipios era de 1 peso y a partir de julio de 2019 se elevó a 2.50 pesos, un incremento de 150%, según el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 352 del 11 de junio del año pasado.

Además, el mismo Consejo decidió en esa sesión recortar el número de municipios cuya población recibía la leche subsidiada. De un listado de 616 municipios en los que se vendía la leche a un peso, el padrón quedó en 549 con el nuevo precio de venta de 2.50 pesos.

Se dejó fuera 67 municipios con elevada marginación, que equivale al 10% del padrón anterior. Entre las localidades que quedaron fuera están Atarjea, Guanajuato; Calakmul, en Campeche; Tamazula y Topia, en Durango; Carácuaro, Chinicuila y Churintzio, en Michoacán y Pinal de Amoles, en Querétaro, todos municipios con bajo índice de desarrollo humano.

Con esa medida se redujo el volumen de leche entregada a la población más marginada.

Entre enero y junio de 2019 se repartieron 17 millones 476 mil litros en 616 municipios de extrema pobreza en 21 estados y para la segunda mitad del mismo año (julio-diciembre) se redujo a 17 millones 271 mil litros en 549 municipios marginados de 18 estados. La reducción fue de 205 mil litros de un semestre a otro.

Si bien se redujo el volumen, el aumento del precio a la población más pobre permitió  a Liconsa elevar sus ingresos. En el primer semestre la dependencia cobró 17.4 millones de pesos por la leche subsidiada a un peso y para el segundo semestre captó 43.3 millones de pesos con la leche a 2.50, revela una segunda auditoría independiente encargada al despacho Salles, Sainz, Grant Thornton.

En 2020 continuó el programa de leche a 2.50 pesos en los municipios con mayor marginación, pero la cobertura se restringió todavía más, pues de 18 estados incluidos en 2019 se recortó a sólo 16. Los estados que quedaron fuera son Guanajuato y Nuevo León, que entre enero y abril del presente año no recibieron ni un solo litro en este programa destinado a la población más pobre.

Pese a que el aumento de precio se aprobó hace más de un año, no trascendió en los medios. Sólo el ex director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, comentó en su cuenta de twitter sobre el alza el 27 de junio de 2019, pero su mensaje sólo logró tres “likes”.

Liconsa vende su leche subsidiada en tres distintos precios: a 5.50 pesos el litro en su programa de abasto social en las lecherías ubicadas en colonias populares y zonas rurales; a 4.50 en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (los tres estados con mayor marginación), y a 2.50 pesos en los municipios con extrema pobreza. Además, vende producto sin subsidio a particulares, como una fuente adicional de ingresos.

El argumento de Liconsa

La decisión de elevar el precio de la leche a los más pobres la tomó de manera unánime el consejo de Liconsa, con el argumento de que la tarifa de un peso por litro la había establecido la anterior administración federal de manera arbitraria, sin sustento, basada en una prueba piloto inicial en 150 municipios en 2016, que luego se extendió paulatinamente a más localidades hasta sumar 616 en 2018.

“Nunca hubo una medición real del impacto de la prueba piloto”, argumentó Ignacio Ovalle Fernández ante los consejeros en la sesión del 11 de junio de 2019, cuya acta fue obtenida por MCCI.

El Director de Liconsa dijo a los consejeros que ya no era posible mantener la política del precio de a un peso el litro de leche, por lo que sugirió incrementarlo a 2.50 el litro.

“Sobre todo porque se debe considerar que Liconsa también debe buscar rentabilidad financiera para tener recursos suficientes y continuar extendiendo el Programa de Abasto Social de Leche, ya que cuando menos debe duplicar la población atendida si quiere lograr el objetivo de eliminar la pobreza alimentaria para el año 2024”, argumentó Ovalle.

Con él coincidió el director adjunto de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Mario Alberto Domínguez Acosta: “Sin perder el aspecto social de la empresa (en referencia a Liconsa), se tiene que ver la rentabilidad de la misma, es decir, que un precio de esa naturaleza de un peso el litro sangra, porque cuesta”.

El aumento fue aprobado por unanimidad por el consejo de Liconsa, que preside David Monreal Ávila, coordinador de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los otros consejeros que votaron a favor fueron: Mario Alberto Domínguez Acosta, de la Secretaría de Hacienda; José Luis García Baltazar, director de convenios de la Secretaría de Bienestar Social; Jorge Eduardo López Valdez, director de análisis de la Secretaría de Economía; Laura Itzel Castillo Juárez, de la Secretaría de Salud; Érika Poblano Sánchez, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Ricardo Ramírez Valles, del Instituto Nacional de la Economía y Martha Albarrán Díaz, subdirectora de producción de lácteos.

Según el Director de Liconsa, la decisión de la pasada administración de ampliar a 616 municipios la cobertura de leche a un peso excedió a los 549 que por definición son los municipios objetivo que se encuentran en extrema pobreza.

Incluso, dijo que el gobierno anterior no atendía a los 616 municipios incluidos en el programa, sino que sólo daba cobertura a 576. Los consejeros decidieron eliminar a 72 municipios que no se justificaban e incorporaron a 45 muy pobres que no estaban considerados.

Con esos ajustes, a partir del segundo semestre de 2019 el abasto de leche a precio preferencial de 2.50 se limitó a 549 municipios.

Más bajas que altas

La auditoría del Órgano Interno de Control de Liconsa detectó que de enero a diciembre de 2019 se presentaron 1 millón 413 mil altas de beneficiarios en el sistema de control del padrón, pero en el mismo periodo se dio de baja a 1 millón 624 mil. Es decir, el padrón en vez de aumentar, se redujo.

Esto fue particularmente grave en 12 de los 33 centros de trabajo que Liconsa tiene en el país, en donde se reportó el mayor recorte del padrón.

“Si bien los centros de trabajo dan de alta a nuevos beneficiarios para compensar las bajas existentes, estas no son suficientes para mantener, alcanzar y cumplir las metas programadas”, advierte el informe de la auditoría.

El mayor problema se presentó en la Gerencia Metropolitana Norte, que abarca el Estado de México y parte de la Ciudad de México, en donde hubo 443 mil bajas y sólo 288 mil altas.

Esa gerencia tenía la meta de atender a 1 millón 388 mil personas con leche subsidiada, pero sólo atendió a 1 millón 190 mil.

Además, al confrontar el padrón de esa gerencia con la base de datos nacional de la clave única de población (la CURP), los auditores descubrieron que había beneficiarios que recibían doble dotación de leche subsidiada.

Al cierre de febrero de 2019 había 367 mil 884 beneficiarios sin CURP y 17 mil con duplicidad de registro, y cuando los auditores hicieron en octubre una visita de supervisión encontraron que no se habían regularizado o corregido esas fallas.

La Gerencia Metropolitana Sur también tuvo en 2019 un saldo negativo: dio de alta a 126 mil beneficiarios en el padrón pero dio de baja a 152 mil.

El centro de Liconsa de Veracruz fue el que tuvo el peor resultado en cumplimiento de metas, pues para 2019 debió abastecer con leche subsidiada a 236 mil personas y sólo atendió a 163 mil, que equivale al 69%.

Rezago en reparto de tarjetas

Los auditores concluyeron que el incumplimiento en las metas establecidas para 2019 en el programa de abasto social de leche se debió al “desapego a la normatividad en los procedimientos que desarrollan los centros de trabajo y debilidad en la supervisión por parte de la Dirección de Operaciones”.

La revisión concluyó que los centros de Liconsa en Chihuahua, Guanajuato y Nayarit entregan sus reportes a los 5 o 6 meses de haber recibido las remesas de tarjetas de dotación de leche, pese a que la norma establece un plazo máximo de 4 meses.

En 28 de 34 centros de Liconsa que hay en el país se detectó un marcado rezago en el reparto de tarjetas.

Los responsables de 18 centros reportaron remesas de tarjetas correspondientes a 2017 y 2018 que al cierre de 2019 todavía no habían concluido de entregar.

Un caso grave fue el de Baja California, en donde en 2018 se programaron 9 mil canjes de tarjetas pero sólo se realizó la mitad, y el resto se repartieron hasta 2019.

De un total de 3 millones 40 mil tarjetas entregadas a los centros de trabajo en 2019, los auditores constataron que sólo 695 mil 858 se dieron con estatus de finalización al corte de ese año, lo que representa el 23% del total y un 38% de tarjetas con retraso en el reporte de máximo cuatro meses que indica la norma.

Nunca vieron el subsidio

Un recorrido de MCCI en tres poblaciones marginadas muestra que más allá de la auditoría o de las políticas que decide Liconsa y de las metas incumplidas de esta empresa gubernamental, hay testimonios de escasez, de precios mayores a los establecidos o que nunca llegó el descuento de costo a los más pobres.

Está por ejemplo el testimonio de María de Lourdes López Olvera, quien se encargó durante 22 años de la única lechería Liconsa en el Municipio de San José Villa de Allende, en el Estado de México, desde 1998 hasta que renunció el pasado mes de abril.

Villa de Allende es uno de los municipios más pobres del Estado de México, con marginalidad alta. El 81 por ciento de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza, incluido 28.5 por ciento en pobreza extrema.

En este municipio se llegaron a distribuir hasta mil 500 litros de leche cada tercer día, y fue incorporado en junio de 2018 en el programa «A peso el litro» para que su población pudiera comprar la leche Liconsa a este precio. Sin embargo, sus pobladores nunca vieron ese subsidio.

«Nunca ha habido ese movimiento de que a uno le den un precio y a otra persona otro. No, ha sido mala información, porque en los años que tengo siempre ha sido oficial (el precio)», señala María de Lourdes.

«El gobierno no sé por qué dice así, usted va a venderla al precio y nada más».

Hoy Liconsa entrega 680 litros por día, tres veces por semana, con un precio de 5.50 pesos el litro en la única lechería del Municipio, desde donde distribuyen a las comunidades de San Jerónimo, Barrio del Rosario, Santa María y San Francisco de Asis, a kilómetros de distancia.

Los beneficiarios del programa no solo no pagan la leche más barata, sino desembolsan 50 centavos más por porción debido a la distribución.

«Todas estas comunidades están alejadas, no tenían la posibilidad de venir todas las personas hasta acá y (con) los promotores que venían se tuvo la oportunidad de llevar esa leche a su lugar», dice María de Lourdes.

«Ellos tenían que pagar nada más 50 centavos por bolsa, nada más por la gasolina, no por revenderla».

Aunque en 2019 el gobierno federal recortó de siete a cinco los municipios en el Estado de México que debían recibir el subsidio a precio preferencial, Villa de Allende sigue apareciendo entre ellos sin que sus pobladores reciban el descuento que la dependencia dice que otorga.

Otro municipio que han presumido los sexenios tanto de Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador como parte del programa del subsidios, sin que se les aplique a su población, es Donato Guerra, también en el Estado de México.

Con 83 por ciento de población en pobreza, incluyendo 33 por ciento en pobreza extrema, Donato Guerra también fue incorporado en 2018 para que la leche Liconsa se ofreciera a peso el litro, y en 2019 a 2.50 pesos.

«El precio no ha variado de 5.50 el litro» señala Juan Carlos Rojas García desde su negocio de impresiones y copias en la cabecera municipal, donde lleva entregando la leche como voluntario desde hace 15 años.

Plácido, habitante de Donato Guerra, recibe cuatro litros de leche para seis personas desde hace seis años, sin que se le haga un descuento. Debe administrar 8 mil pesos mensuales para cubrir los gastos de sus familiares y gasta 264 pesos al mes en leche.

Debió gastar 48 pesos en Liconsa si se le hubiera aplicado el subsidio en 2018, y 120 mensuales a partir de 2019, pero en ningún caso se enteró siquiera del programa.

«Desde que me acuerdo nunca ha costado un peso el litro. Ayudaría que fuera más barato, pero eso ya no depende de mí», señala.

Sufren escasez

La lechería del Barrio Jugueteros, en Chimalhuacán, Estado de México, sufrió en agosto escasez de distribución en más de mil litros diarios de leche, lo que perjudicó a los beneficiarios.

Chimalhuacán es el tercer municipio más poblado del Estado de México y cuenta con 44 puntos desde donde distribuyen la leche Liconsa.

La segunda semana de este mes redujeron el volumen de litros entregados, que regularmente es de mil 640 litros diarios, y para la tercera semana llegaron menos de la mitad de litros para los pobladores.

«No avisaron nada, quitaron la leche. Intentamos distribuir a la gente, pero era imposible», señala Luis Francisco Granados, encargado de la lechería número 1503110100.

Granados pidió a los beneficiarios reportar la falta de litros a las autoridades y así evitar la escasez.

«Hubo una reducción de más de la mitad, quitaron más de mil litros, duró varios días, pero gracias a las autoridades correspondientes a las cuales se les hizo el reclamo justo que era hablar por teléfono, mandar mensajes, e-mails de parte de la comunidad, nos hicieron el favor de regresarnos el litraje que retiraron. Yo no hubiera podido solo», señala.

Beneficiarios señalaron que más de una vez se quedaron sin leche, sobre todo en los turnos entre las ocho y nueve de la mañana.

«En estos días tan difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando, nos quieren quitar la leche. Es lo único que nos ha ayudado por años. Había días en que alcanzaba dos bolsas, una, pero (ahora) nada, el bote vacío», dice la señora Maura, «con lo que ganamos no nos alcanza para la leche de la tienda».

Juan José Guitérrez Tavira, fabricante de chocolate artesanal que vende en las lecherías de Chimalhuacán, señaló que hay más puntos de distribución de Liconsa en este municipio donde también ha registrado escasez y usuarios que no alcanzan a comprar leche.

Con información de Animal Político

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Autor entrada: Vanguardia

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